La legislación impone nueva Cultura
Las autoridades y la sociedad brasileña trabajan para perfeccionar la Ley Maria da Penha, que desde 2006 es un poderoso instrumento de protección de la mujer contra la violencia doméstica y familiar, en Brasil.
de la Redacción
30/07/2014 | Miércoles | 10:12 horas | Actualizado el 22/09 a las 16:17 horas
Estudios, informes y estadísticas internacionales muestran que la violencia contra la mujer representa la forma de agresión más diseminada en el mundo. De ella padecen niñas, mujeres y ancianas, independientemente del país, de la etnia, de la clase social o del grado de instrucción.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca del 70% de las mujeres en el mundo sufrieron algún tipo de violencia en el trascurso de sus vidas. El problema no está limitado a la cultura, nación, ni a grupos sociales en particular. De acuerdo con la ONU, “las raíces de la violencia tienen su origen en la discriminación persistente contra las mujeres”. Por esto, para combatir esa práctica condenable es fundamental fortalecer las leyes nacionales de protección a las mujeres, además de promover cada vez más las campañas de concientización y la movilización social sobre este tema.
En Brasil, desde que la Ley 11.340 fue sancionada el 7 de agosto de 2006, por el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, cambió la realidad procesal de los crímenes de violencia doméstica y familiar, en lo que se refiere al castigo del agresor. Bautizada como Ley Maria da Penha, en homenaje a la bioquímica y farmacéutica Maria da Penha Maia Fernandes, cuya historia de vida inspiró la nueva legislación (Lea la entrevista que ella concedió a la Revista Buena Voluntad), crea mecanismos más rígidos para cohibir y prevenir la violencia contra la mujer, además de introducir cambios en el Código Penal y en la Ley de Ejecuciones Penales. Con este avance, el país vio nacer un orden jurídico que también atiende al anhelo de la sociedad internacional, a compromisos firmados en tratados y convenciones hace más de diez años.
“Su contenido, discutido y debatido ampliamente en todos los Estados federativos, en las asambleas legislativas, en los foros municipales y con especialistas, se trabajó de forma que no dejara brechas. Hoy, cuando analizo el aspecto de la amplia red de protección que se incluyó en el texto de la ley, veo que todo el esfuerzo valió la pena”, recuerda la diputada Jandira Feghali, relatora de la ley en la Cámara Federal.
Para la parlamentaria, la nueva ley asegura que “el poder público desarrollará políticas con vistas a garantizar los derechos humanos de las mujeres en el ámbito de las relaciones domésticas y familiares, en el sentido de resguardarlas de toda forma de negligencia, discriminación, explotación, violencia, crueldad y opresión”.
La mayor conquista de la Ley Maria da Penha, en la opinión de la pedagoga Schuma Schumaher, coordinadora ejecutiva de la Red de Desarrollo Humano (REDEH) y coautora del Diccionario Mujeres de Brasil y de Mujeres Negras de Brasil, fue que “el Estado asumiera su responsabilidad”.
Mapa de la violencia
Los datos levantados por el “Mapa de la Violencia 2012: Homicidios de Mujeres en Brasil” impresionan. Según la investigación — coordinada por el sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, con el apoyo del Centro Brasileño de Estudios Latinoamericanos (CEBELA) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) —, Brasil sufrió más de 90 mil muertes de mujeres víctimas de agresión en los últimos 30 años; actualmente, el país es el 7º en el ranking de este tipo de crimen en una lista de 84 naciones. El estudio utilizó informaciones de certificaciones de óbito y datos de la Organización Mundial de Salud (OMS).
Este cuadro, según especialistas, no invalida los significativos progresos alcanzados en la criminalización de la violencia doméstica. Sin embargo, todos concuerdan que es necesario invertir, cada vez más, en los aparatos de los organismos públicos especializados, en el servicio de denuncia y en las condenas, que aún presentan índices bajos si se comparan con el número de casos registrados.
“¡Es preocupante! Vivimos una tragedia en este país en relación con lo que sucede a las mujeres, la llamada violencia doméstica, practicada por personas con las que ellas mantienen relaciones de afecto...”, comenta la pedagoga Schuma Shumaher. Para ella, la sociedad necesita avergonzarse de esa tragedia, de los números que ponen a Brasil en un triste nivel, “para que podamos invertir en la escuela, en nuestros niños, para que empiecen a aprender la importancia de la paz en las relaciones entre las personas”.
La desigualdad de género y la violencia contra mujeres y niñas demandan también un fuerte compromiso social y económico. La senadora Lúcia Vânia afirma que ese cuadro “tiene cara y números”, citando datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de septiembre de 2011. “Según el estudio, uno de cada cinco días de ausencia laboral en el mundo es causada por la violencia sufrida por las mujeres dentro de sus casas. La violación y la violencia doméstica son causas importantes de incapacidad y de muerte en la edad productiva. Una mujer que sufre violencia doméstica generalmente gana menos que aquella que no vive en un ambiente violento”.
El mismo informe del BID estimó el costo total de la violencia doméstica para la economía de un país: entre el 1,6% y el 2% del PIB (Producto Interno Bruto); en el caso de Brasil, algo alrededor de 160 mil millones de reales.
La consolidación de la ley
La jueza Ana Cristina Silva Mendes, responsable del 1º Juzgado en lo Penal Especializado en Violencia contra la Mujer, de la ciudad de Cuiabá, en Brasil, es miembro de la Comisión Parlamentaria del Foro Nacional de Jueces de Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer (FONAVID), considera que el país pasa por importantes cambios y ruptura de paradigmas. “La ley eliminó del ámbito privado este problema (...). Aquel viejo cliché de que ‘en pelea de marido y mujer nadie mete la cuchara’ no es verdad; hoy, el poder público ‘mete la cuchara’”, comenta.
De acuerdo con la magistrada, la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), en febrero de 2012, que dio al Ministerio Público el poder de denunciar al agresor en el caso de violencia doméstica, aunque la mujer desista de la acusación, fortalece la aplicación de la ley. En la norma original, el agresor era procesado solamente si la mujer hacía una queja formal. “Es un divisor de aguas. Cayeron por tierra los argumentos que otrora aún algunos operadores del Derecho insistían en mantener. La decisión hace que las penas se apliquen de forma más rigurosa. El STF vino y dijo: ‘la mujer en situación de vulnerabilidad necesita ser amparada, cuidada y por este motivo, el Estado intervendrá con una acción penal pública e incondicionada’”.
La Dra. Ana Cristina pide que se esté atento al proyecto de reforma del Código Penal Brasileño*1, que se tramita en el Senado Federal: “Nuestra gran preocupación es que venga a echar por tierra todo este proceso, (...) porque nuestra línea maestra del orden jurídico para castigo es el Código Penal Brasileño, allí están contenidos los crímenes. Entonces, si el tema de la violencia fuera tratado de forma muy subjetiva, al punto de ser excluido de la tipificación, ahí podemos ‘estar con el agua al cuello’”.
La jueza también remarca que la estructura de la red de atenciones prevista por la ley se muestra deficitaria, indicando, incluso, carencias en lo jurídico. “Necesitamos de un número mayor de comisarías especializadas y un mejor aparato para esa atención, hay Estados que están extremadamente tímidos en esa cuestión”, afirma.
Portal y campaña
Esta misma preocupación por el tema llevó a la Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM) y al Ministerio de Justicia a lanzar, en agosto de 2012, el portal Compromiso y Actitud con la Ley Maria da Penha. Dirigido a operadores de la Justicia, el site reúne datos diversos, doctrinas y jurisprudencias.
Además del portal, la campaña Compromiso y Actitud con la Ley Maria da Penha — La Ley es más fuerte, también divulgada al público en el mismo período, trabaja para acelerar los juicios, garantizar la correcta aplicación de la ley, movilizar a la sociedad y promover la actuación conjunta entre el gobierno y la Justicia para disminuir la impunidad.
A pesar de los avances con la vigencia de la nueva legislación, el desafío es lograr que agentes de diversos sectores, poderes constituidos y la propia sociedad civil colaboren de forma articulada. Además de eso, es necesario trabajar fuertemente por el cambio de cultura, medida que tiene en la educación su principal agente. En ese sentido, la pedagoga Schuma Shumaher elogió la iniciativa de la Legión de la Buena Voluntad de trabajar con el tema de la paz y de la igualdad de género de forma preventiva (lea más sobre el asunto), tanto en las clases como en las conferencias promovidas en los centros comunitarios de asistencia social de la Institución. “Nosotros estamos invirtiendo como ustedes en esa contribución. ¡A la LBV, mis felicitaciones por ese compromiso! Si cada uno, hombres y mujeres, pudieran dar su contribución, nuestros hijos lo agradecerán en el futuro”.
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+ Instituto Maria da Penha (IMP): fundado en el 2009, el organismo visa erradicar y prevenir la violencia doméstica y familiar contra la mujer — conforme prevé el Art. 1ero de la Ley 11.340/06 — y rescatar el valor de la familia en la sociedad. Para eso, implementa proyectos especiales de políticas de protección social a la mujer, invirtiendo en su formación educativa y profesional. Más información disponible en el sitio www.mariadapenha.org.br.
*1 Para modernizar el Código Penal Brasileño, de 1940, una comisión de 15 juristas elaboró el texto del proyecto de ley enviado al Senado Federal. El material propone alteraciones relacionadas con los crímenes cibernéticos, con el uso de drogas y con la prostitución, entre otros. La reforma del código ha causado divergencias técnicas, políticas, morales y religiosas. El proyecto de ley tiene más de mil enmiendas y reúne casi siete mil sugerencias de la población.
