Agua segura para todos

Marco Antonio Palermo es doctor en Ingeniería de Recursos Hidráulicos y master en Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, por la Escuela Politécnica de la USP; ingeniero hidráulico, por el International Institute for Hydraulic and Environmental Enginering, Delft, Países Bajos; y consultor de instituciones públicas y privadas como ANA (Agencia Nacional de Aguas), LBV (Legión de la Buena Voluntad), OEA (Organización de los Estados Americanos). Presidente del Instituto Pro Ambiente (IPA) y de la empresa Altamisa Ingeniería y Comercio Ltda.

Se estima que Brasil tenga el 12% de las reservas de agua dulce disponibles en el planeta. Sin embargo, estos recursos son distribuidos de manera desigual, con el 80% concentrados en la cuenca Amazónica, que comprende el 63% del territorio nacional, pero tiene solo el 5% de la población del país. El Nordeste semiárido, incluyendo la mayor parte de la cuenca hidrográfica del río São Francisco, que representa el 13% del territorio brasileño y abriga al 35% de nuestra población, dispone solo del 4% de los recursos hidráulicos disponibles.

En las regiones Sur y Sudeste, donde se concentra el 60% de la población brasileña, se encuentran grandes centros urbanos. En estas regiones se produjo un vigoroso desarrollo industrial a partir de mediados de la década de 1930, que provocó a lo largo del tiempo escasez de recursos hidráulicos e importantes conflictos por el uso del agua.

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La búsqueda para garantizar agua segura, en términos de cantidad y calidad, fue un objetivo persistente de la sociedad brasileña durante las décadas de 1940-70. En ese período, Brasil se transformó: dejó de ser rural para convertirse en un país donde la mayor parte de la población vive en las ciudades.

La generación y distribución de energía eléctrica y el abastecimiento público fueron los principales focos de la administración pública hasta fines de los años 70. Durante algunas décadas se establecieron nuevos mecanismos institucionales de gestión de los sectores de energía eléctrica y de saneamiento, propiciando la evolución indispensable para el mantenimiento de la calidad de vida compatible con el patrón de desarrollo lo que llevó a Brasil a la condición de una de las mayores economías del planeta.

Durante la década de 1980 Brasil pasó por un período de reformulación política e institucional. El sector de recursos hidráulicos logró importantes conquistas, con la introducción —en la nueva Constitución Federal y en las de los Estados— de principios como el de la gestión integrada de los recursos hidráulicos y de los consecuentes instrumentos de gestión.

Llegamos al inicio de la década de 1990 con un nuevo contexto regulatorio multidisciplinario para administrar los recursos hidráulicos. La gestión integrada de las cuencas hidrográficas preveía la intervención de manera descentralizada y participativa. En ella, usuarios e instituciones gubernamentales, de forma paritaria, pasaron a formular las políticas de aprovechamiento de los recursos hidráulicos, considerando metas resultantes de planes de cuencas aprobados por colegiados denominados Comités de Cuencas Hidrográficas y Consejos de Recursos Hidráulicos.

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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (Eco-92), realizada en junio de 1992, en Rio de Janeiro, Brasil, ratificó la necesidad de reformar la administración de los recursos hidráulicos. En el capítulo 18 del referido documento se puede leer: “(...) una ordenación global del agua dulce en cuanto recurso limitado y vulnerable, y la integración de planes y programas hídricos sectoriales dentro del marco de la política económica y social nacional son medidas que revisten la máxima importancia entre las que se adopten en el decenio de 1990 y con posterioridad". La conferencia resaltó aún que “la ordenación integrada de los recursos hídricos se basa en la percepción de que el agua es parte integrante del ecosistema, un recurso natural y un bien social y bien económico cuya cantidad y calidad determinan la naturaleza de su utilización”.

En la Eco-92, Brasil se presentó como ejemplo de vanguardia de la gestión hidráulica. Su modelo de administración, concebido y en fase inicial de implantación, se mostró en perfecta consonancia con los principios emanados de la conferencia. Uno de los reflejos de esta posición fue el excelente resultado alcanzado por nuestro país en la captación de recursos de los países más desarrollados para la recuperación ambiental de áreas muy contaminadas, como el rio Tietê y la bahía de Guanabara, en los Estados de São Paulo y Rio de Janeiro, respectivamente; son proyectos que se desarrollan hasta la presente fecha.

Pasada la conferencia, nuestro país continuó en el perfeccionamiento de instrumentos de gestión hidráulica. La “Ley de las Aguas” (Ley 9.433/97) adoptó los principios generales recomendados en distintos documentos que sintetizan la experiencia internacional en la gestión de los recursos hidráulicos, además de crear medios básicos para su efectiva implantación. Inmediatamente, con la creación de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), en el 2000, se dio un paso importante: la implantación de proyectos, por parte de los gobiernos federal y estatales, para convertir en realidad el paradigma de agua segura para todos, principalmente para el equilibrio entre inversiones en infraestructura y actividades de fomento al desarrollo o consolidación de los marcos legal e institucional para la gestión y el uso eficiente de los recursos hidráulicos.

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La conferencia Río+20, de la ONU, es la oportunidad ideal para establecer un balance de las acciones de todos en busca de la mejora ambiental, en particular de los recursos hidráulicos. Nuestra evolución histórica ha sido permanente y eficaz a lo largo de estos últimos 20 años. Es notable la concientización social sobre la necesidad de que se actuara de forma cada vez más integrada en la administración ambiental. Actualmente, no discutimos solo la seguridad hidráulica, sino también la seguridad ambiental como un todo. Problemas como el de las aguas urbanas y de las aguas internacionales no se restringen más al círculo de especialistas, sino que están atravesando progresivamente la sociedad. Agua en cantidad y calidad para todas las personas no puede disociarse de la preservación ambiental de los manantiales, del control y tratamiento de los afluentes, de la correcta disposición y tratamiento de los residuos sólidos y del eficiente drenaje urbano. 

El futuro de la consolidación de los principios de administración de los recursos hidráulicos requiere cada vez más alianzas entre las personas, las instituciones y los países. Este tipo de alianza, marcada por enormes desafíos y por la necesidad de avances constantes, necesita continuar estrechándose, progresando en dirección a soluciones para los problemas que amenazan el medio ambiente.